Month: May 2023

Una delegación de 12 empresas españolas participará en una misión comercial este jueves en el municipio portuario, con motivo del Primer Encuentro de Negocios Andaluz-BC, según informó Héctor Uraga Peralta, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE). Estas declaraciones fueron realizadas ayer a los medios de comunicación, tras la reunión semanal presidida por Marco Antonio Estudillo Bernal.

Según los datos proporcionados, la reunión se llevará a cabo de 9:00 a 11:00 horas en las áreas ejecutivas del Hotel Coral & Marina. De esta manera, los empresarios locales tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con diversas empresas participantes, entre las que se encuentran Hispanotec Agrointeligencia, Mafa Vegetal Ecobiology, Criado & López Soluciones Derotextiles a tu medida, Ritec Agrotechnology, Inagroup Biotech, Econatur, New Growing System y Novagric, por mencionar algunas.

El encuentro se dirige a productores, proveedores e investigadores del sector agrícola y agroindustrial que estén interesados en las últimas innovaciones tecnológicas y en establecer alianzas comerciales. Uraga Peralta resaltó el impulso que el CCEE brinda a esta actividad tanto para los visitantes de Andalucía como para las empresas del sector primario de la localidad. “Se trata de invertir, de cómo producir y comercializar sus productos, presentar las innovaciones tecnológicas que están desarrollando en España y también buscar oportunidades de distribución”, adelantó Uraga Peralta.

El vicepresidente del CCEE recordó que uno de los compromisos de la nueva junta directiva es promover y sumar actividades que destaquen las vocaciones del municipio de Ensenada.

El fiscal Iván Carpio atendió a los medios de comunicación en compañía del secretario de seguridad ciudadana en relación a los hechos violentos del pasado sábado en la delegación de San Vicente

El fiscal Iván Carpio atendió a los medios de comunicación en compañía del secretario de seguridad ciudadana en relación a los hechos violentos del pasado sábado en la delegación de San Vicente

El ministro asistió a la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, donde señaló que harán cumplir lo estipulado en la Constitución “a costa de lo que sea”.

“Estamos fuertes y estamos convencidos, en ese sentido, nada nos va a doblar, nada”, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien asistió a la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, de Isidro E. Muñoz Acevedo, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Al tomar la palabra, agregó que “el día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”.

Dijo que el libro les permitirá a todos aquellos que están vinculados todos los días con todos estos nuevos derechos de hasta dónde podemos ejercerlos sin caer en los excesos, pudiendo recuperar todo aquello que no se ha podido entregar a través de sentencias perfectamente bien motivadas, justificadas y que demuestre dentro de la posibilidad lo que se debe hacer.

“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, remarcó.

El ministro señaló que la obra busca mucho explicar dentro de lo que es la defensa de esta nueva modalidad y generación de derechos cómo es posible ya no sólo reconocerlos declarativamente, cómo es posible llevarlos ante los tribunales y cómo la eficacia se puede dar, pero la eficacia está necesariamente vinculada a nuestro principio de realidad, si pedimos de más, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, hay que ser muy cuidadosos. De ahí que se dieron estas modalidades en la sentencia.

Proyecto de Pérez Dayán, el que anuló primera parte del plan B electoral
Cabe mencionar que el ministro Alberto Pérez Dayán fue el encargado de realizar el proyecto con el que se anuló la primera parte del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.

En su proyecto de sentencia, derivado del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.

El presidente de la Segunda Sala determinó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó una “transgresión al principio de deliberación democrática”.

“Ante la gravedad de tales infracciones en conjunto”, el ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.

Lunes, 22 de mayo de 2023

*Más de 200 alumnos y alumnas reciben información sobre herramientas prácticas para la elección de su carrera profesional a través de la Universidad UNID.

ENSENADA.- Con la finalidad de que el alumnado conozca y analice opciones que ofrecen las instituciones de nivel superior para dar continuidad a su carrera, más de 200 jóvenes del Colegio de Educación Profesional Técnica de Baja California (CONALEP BC) plantel Ensenada, asistieron a la conferencia y capacitación denominada “¿Y después de la prepa qué?”.

Al respecto, la directora estatal del CONALEP BC, Irma Martínez Manríquez, dijo que este tipo de cursos proporcionan a las y los alumnos un panorama útil en la toma de decisiones para su futuro, y la carrera que ejercerán los próximos años de su vida.

Resaltó que en esta elección intervienen aspectos como la familia, contexto socioeconómico, personalidad, entre otros, y es una decisión crucial que define el ser alguien en la vida.

La conferencia se realizó en las instalaciones de CONALEP Plantel Ensenada, impartida por el escritor y mercadólogo José Pedro Landaverde López, quien abordó los temas: “Conocerse bien así mismo”, “Se vale soñar”, “Con los pies en la tierra”, “Quitarle prejuicios a las carreras”, “No caer en la mercadotecnia de las universidades”, “La prueba del tío”, entre otros.

Durante la conferencia se dieron sugerencias a tomarse en cuenta para escoger la universidad adecuada en cuanto a funcionalidad, calidad, nivel académico, la inversión, entre otros.

A su vez, el director del Plantel Ensenada, Tadeo Javier Meza Quintero, comentó que se ha trabajado de manera conjunta con la Universidad UNID, a quienes agradeció los diferentes beneficios y oportunidades que ofrecen al alumnado, entre ellas esta conferencia.

Por último, Irma Martínez Manríquez, resaltó la importancia de dar continuidad con este tipo de conferencias y capacitaciones para proveer del mayor número de herramientas a las y los alumnos que les ayuden a tomar la mejor decisión en la elección de carrera y vida futura.

Por mayoría de votos, ministros invalidan la acción presidencial al considerar que reservaba información y afectaba las atribuciones del Inai.

Porque estaba encaminado a la reserva de información y afectaba las atribuciones del Inai, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que clasificó como de “interés público” y “seguridad nacional” obras prioritarias como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

Los efectos de la decisión del pleno del Máximo Tribunal se conocerán en la sesión del próximo lunes, en la que se dará por concluido el análisis de la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el acuerdo, misma que fue declarada fundada por el pleno.

Una mayoría calificada de ocho ministros, con el voto en contra de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, determinó que el artículo primero del llamado decretazo, en el que se declaraba de “interés público” y “seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal sobre infraestructura en diversos sectores, permitía que toda la información relativa pudiera ser considerada como reservada por su “amplitud” y “ambigüedad”.

En él se declaraba de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Los artículos segundo y tercero del acuerdo presidencial impugnado, que ordenaban a las dependencias otorgar permisos provisionales en un lapso de cinco días hábiles y con vigencia de un año para iniciar los proyectos señalados, también fueron anulados por una mayoría de seis ministros contra cinco, que establecieron que dichas normas creaban un régimen de autorizaciones adicional y afectaba las obligaciones de transparencia de las autoridades.

Al presentar la propuesta de invalidez del decreto presidencial publicado en noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la norma dio un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar información, lo que generó un efecto inhibidor en los ciudadanos para solicitar información y presentar impugnaciones ante el Inai relacionadas con las obras prioritarias del gobierno de López Obrador.

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“Simplemente, es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México”, sentenció.

En contraste, el ministro Arturo Zaldívar aseguró que el decreto de ninguna manera afectaba el derecho de acceso a la información pública y tampoco interfería en las atribuciones del Inai, organismo que no ha podido sesionar por la falta de comisionados que no han sido nombrados por el Senado.

Zaldívar consideró que el objetivo del acuerdo fue simplemente justificar la adopción de un esquema de obras prioritarias y autorizaciones administrativas provisionales. “De ninguna parte del acuerdo se desprende que su objetivo sea reservar la información generada con los proyectos a los que se refiere, ni los considerandos ni el articulado del acuerdo hacen referencia a una posible reserva de información”, refirió.

La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que la reserva de información tiene un carácter excepcional, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa no compartió la invalidez del decreto, ya que, dijo, partió “de una premisa equivocada, al suponer que la declaración de seguridad nacional de determinadas obras públicas en beneficio de la comunidad equivale a una inminente reserva global de información”.

En su opinión, el adjetivo de “seguridad nacional” no impedía a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información pública gubernamental.

En el mismo sentido se pronunció la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien negó que el acuerdo impugnado “regule una reserva de información”.

El ministro Javier Laynez Potisek aseveró que le parecía un “tanto cuanto ingenuo el ignorar las consecuencias jurídicas inmediatas de esta declaratoria, las consecuencias son dos: la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa”, a lo que la ministra Loretta Ortiz le respondió: “Con todo respeto, no somos ingenuos”.

En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que la norma combatida genera un efecto de opacidad, mientras que su homólogo Luis María Aguilar Morales comentó que el acuerdo impugnado transgrede el principio de reserva de ley.